La ley catalana anulada parcialemte por el Tribunal Constitucional, que obligaba a ofrecer un alquiler social antes de un desahucio benefició a más de 19.000 familias entre 2017 y 2024. Según datos de la Generalitat, la norma permitió que grandes propietarios ofrecieran alquileres sociales forzosos en casi 20.000 ocasiones.
Reacciones ante la sentencia del Tribunal Constitucional
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras entidades sociales han expresado su preocupación tras el fallo, argumentando que esta medida era fundamental para ofrecer una alternativa a las familias vulnerables afectadas por procesos de desahucio. Además, han destacado su relevancia como herramienta frente a la crisis de la vivienda.
Ante la decisión judicial, el Govern de Catalunya ha declarado su intención de buscar nuevas vías para garantizar el mismo espíritu de la ley anulada. Asimismo, varios partidos políticos han lamentado las consecuencias de la sentencia: «El Constitucional se empeña en pronunciarse a favor de los propietarios que acumulan viviendas para enriquecerse», ha señalado la líder de Comuns, Jéssica Albiach.
Impacto de la ley en Cataluña hasta 2023
La Agencia de la Vivienda de Catalunya registró entre 2017 y 2023 miles de casos donde se ofrecieron alquileres sociales forzosos, antes de que se iniciara cualquier proceso de desahucio. Esta medida permitió aliviar temporalmente el impacto de la crisis de vivienda en muchas familias, aunque no siempre sin obstáculos.
Controversia sobre la competencia estatal
El Tribunal Constitucional considera que la ley catalana invadía competencias estatales. Aunque las entidades promotoras creen que solo afecta a ciertos tipos de desahucios, el fallo también elimina garantías para viviendas ocupadas sin título. Sin embargo, no se ha dado a conocer el alcance completo de la sentencia, lo que genera dudas entre sectores jurídicos y sociales.
La actuación del Govern de la Generalitat en el pasado incluyó medidas como la implementación de una unidad de refuerzo de la Agencia Catalana de Consumo para garantizar el cumplimiento de la norma. Esta unidad llevó a cabo 1.600 inspecciones y emitió sanciones importantes a grandes tenedores.