La plataforma Airbnb ha redoblado su presión sobre los ayuntamientos de Barcelona y Madrid en un intento de frenar las restricciones al alquiler turístico, que según la compañía, amenazan su modelo de negocio en España. La multinacional ha enviado cartas a los alcaldes Jaume Collboni y José Luis Martínez-Almeida, reclamando que reconsideren las políticas que limitan el alquiler vacacional, argumentando que no han logrado frenar ni la masificación turística ni el encarecimiento de los alquileres.
En Barcelona, la plataforma critica la moratoria de licencias para viviendas turísticas y acusa al gobierno municipal de promover hoteles mientras restringe este modelo de alquiler. En Madrid, Airbnb propone regular solo los alquileres turísticos ocasionales para proteger su actividad y evitar que más viviendas sean destinadas a uso residencial. Sin embargo, movimientos sociales y vecinos afectados aseguran que el auge del alquiler turístico ha expulsado a familias trabajadoras y ha transformado negativamente la vida en los barrios.
Colectivos como el Sindicat de Llogateres y el Observatori Metropolità de l’Habitatge han señalado que las políticas actuales son insuficientes y piden ir más allá para combatir el impacto de plataformas como Airbnb. «El derecho a la vivienda está siendo sustituido por el derecho a la especulación. Necesitamos políticas valientes que prioricen a las personas por encima del beneficio empresarial», afirma Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat.
Los expertos advierten que mientras las plataformas defienden su modelo como un motor económico, el acceso a la vivienda se agrava en las grandes ciudades. Según datos recientes, en Barcelona el precio medio del alquiler ha subido un 70% en la última década, y en Madrid, barrios como Carabanchel o Usera han visto un crecimiento desproporcionado. A pesar de las afirmaciones de Airbnb, los colectivos sociales exigen reforzar las restricciones para proteger a los vecinos y preservar el tejido comunitario de los barrios.