El Ajuntament de Barcelona (PSC) ha alcanzado un acuerdo con el grupo municipal de Barcelona en Comú para abordar el problema del alquiler de temporada, calificado como “fraude” por ambas formaciones. La medida, que busca priorizar el uso permanente de las viviendas frente al temporal, será presentada en la Comisión de Vivienda la próxima semana como una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM). Sin embargo, los plazos previstos podrían retrasar la aplicación efectiva hasta finales de 2025 o más.
La propuesta establece que el uso permanente de una vivienda sea prioritario, mientras que el alquiler temporal quede relegado a un uso secundario, desvinculándolo de prácticas que han servido para eludir los topes establecidos por la Ley de Vivienda. Janet Sanz, de BComú, afirmó que este acuerdo es un paso para corregir “el error histórico” de excluir el alquiler temporal de la regulación, lo que ha encarecido los costes para las familias. Sin embargo, la medida no prohíbe el alquiler de temporada, sino que lo preserva con limitaciones, algo que genera dudas sobre su impacto real en la crisis habitacional.
El primer paso de esta regulación, aún en fase inicial, necesitará el apoyo de otros grupos municipales, como ERC, para ser aprobado. Además, tras su tramitación en el Ayuntamiento, deberá pasar por la Subcomisión de Urbanismo de la Generalitat, lo que podría extender los plazos hasta bien entrado el 2025. Mientras tanto, miles de familias siguen destinando más del 50% de sus ingresos al alquiler, y muchos inquilinos enfrentan la incertidumbre de poder mantener sus viviendas.
La decisión llega en un contexto de creciente precariedad habitacional en Barcelona, donde el alquiler de temporada ha aumentado un 55% en los últimos años. Aunque el acuerdo entre PSC y Comuns es un avance, las críticas se centran en la lentitud del proceso y la falta de medidas inmediatas.