La desesperación de Gladys, una vecina de Sarrià-Sant Gervasi al borde del desahucio, marcó el último Consejo Plenario del distrito. Acompañada por el Sindicat d’Habitatge de Cassoles, Gladys denunció la amenaza de un desalojo inminente que pondría fin a más de una década viviendo en el barrio. “Exigimos que servicios sociales garanticen que las familias puedan permanecer en su entorno, con sus redes de apoyo, y que no se castigue aún más a nuestros hijos”, reclamó.
La respuesta de la regidora del distrito, Maria Eugènia Gay, desató la indignación: “Le responderemos por e-mail”. Esta frase no solo generó reacciones de rechazo entre los asistentes, sino que también provocó críticas unánimes de cuatro partidos de la oposición: Junts, ERC, BComú e incluso Vox. Desde el Sindicat d’Habitatge, Lluís Jiménez denunció la falta de una mesa de vivienda en el distrito más caro de Barcelona, donde el alquiler medio supera los 1.700 euros.
Desde la oposición, representantes como Núria Satorra (ERC) y Montserrat Mompió (BComú) no solo cuestionaron la actitud de Gay, sino que destacaron la crisis estructural de vivienda que sufren especialmente las mujeres y las familias más vulnerables. “Hoy vemos cómo el gobierno del distrito sigue ignorando las necesidades reales mientras gira hacia las élites”, lamentó Mompió, apuntando al giro del gobierno de Collboni hacia políticas menos inclusivas.
Aunque Gay defendió que el problema es “una responsabilidad compartida” acumulada durante años, su respuesta fue percibida como una muestra de desconexión y falta de empatía. En un contexto donde el acceso a la vivienda se ha convertido en la principal preocupación ciudadana, según los últimos barómetros, la indiferencia institucional sigue siendo un reflejo de la inacción frente a la emergencia habitacional que golpea a Barcelona.