El caso del espionaje policial en movimientos sociales de Barcelona ha llegado al Tribunal Constitucional. Tras la negativa de la Fiscalía, el juzgado de instrucción 21 de Barcelona y la Audiencia de Barcelona a investigar, el equipo jurídico de las mujeres afectadas ha presentado un recurso de amparo, buscando establecer límites legales y éticos a estas operaciones.
Mireia Salazar, abogada del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, afirma que esta es la última vía antes de recurrir a instancias internacionales. La infiltración del agente D. H. P. en el centro social La Cinètika, utilizando relaciones sexoafectivas, ha generado un debate sobre el impacto de estas prácticas en los derechos fundamentales.
El colectivo Acció contra l’Espionatge d’Estat ha lanzado una campaña de solidaridad para recaudar fondos destinados a los gastos judiciales. Consideran que el espionaje policial afecta a toda la sociedad, criminalizando y limitando los movimientos sociales.
Si el Tribunal Constitucional mantiene el bloqueo a la investigación, las abogadas planean recurrir a instancias internacionales, como ya se ha hecho en el Reino Unido, donde se ha determinado que estas prácticas vulneran derechos fundamentales.