El mercado inmobiliario de Barcelona está cada vez más controlado por empresas, que han adquirido más de 10.300 viviendas desde 2020, según datos del Ayuntamiento analizados por la SER. En algunos barrios como la Derecha del Eixample, la cifra es alarmante: uno de cada tres pisos vendidos ha pasado a manos de empresas, una tendencia que no deja de crecer. Ciutat Vella y Gràcia también reflejan esta realidad, con el 28% y 22% de los pisos respectivamente bajo propiedad corporativa.
La falta de regulación efectiva ha convertido el centro de la ciudad en un paraíso para la especulación inmobiliaria. Empresas compran viviendas con fines desconocidos, que van desde pisos turísticos y alquiler de habitaciones hasta meras inversiones especulativas. Esta dinámica está expulsando a la población residente y alterando el tejido social de los barrios, transformándolos en zonas cada vez más inaccesibles para las clases populares.
A pesar de la gravedad del problema, el gobierno de Jaume Collboni sigue sin tomar decisiones efectivas para frenar esta concentración empresarial en el mercado inmobiliario. Mientras el PSC apuesta por atraer inversiones, los vecinos se ven obligados a abandonar sus barrios ante la escalada de precios y la falta de vivienda asequible. Las políticas públicas han quedado en medidas insuficientes que no responden a la magnitud del problema.
Barcelona se enfrenta a una crisis de vivienda que requiere medidas urgentes, como el refuerzo de la regulación del mercado inmobiliario, la limitación de compras especulativas y la ampliación del parque de vivienda pública. Sin una intervención decidida, la ciudad corre el riesgo de convertirse en un escaparate de lujo para grandes inversores, expulsando a quienes han hecho de Barcelona su hogar durante generaciones.