Vox atraviesa su mayor crisis interna tras la dimisión de Juan García-Gallardo como vicepresidente de Castilla y León. Su salida, lejos de ser un caso aislado, es el reflejo de un partido en plena fractura. García-Gallardo ha denunciado el autoritarismo interno de la formación, el control absoluto de Abascal y la falta de democracia, un patrón que ya ha llevado a la expulsión de otros dirigentes que cuestionaban la línea oficial.
Desde que Vox eliminó las primarias en 2019, las deserciones y purgas han sido constantes. En Castilla y León, Ana Rosa Hernando Ruiz y Javier Bernardo Teira Lafuente han sido expulsados por reclamar elecciones internas para recuperar los «valores fundacionales» del partido. El mismo destino sufrieron figuras clave como Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros. La consigna es clara: quien discrepa, desaparece.
El Partido Popular sigue de cerca esta crisis y ya prepara su estrategia para absorber el voto descontento de Vox, replicando la maniobra que utilizó con Ciudadanos. Comunidades como Castilla y León, Murcia, Extremadura o Baleares son epicentros de tensión dentro de la formación ultra, y el PP busca aprovechar la inestabilidad para debilitar a su socio de coalición en los gobiernos autonómicos. En Murcia, donde Vox amenaza con bloquear los presupuestos, los populares no descartan un adelanto electoral para prescindir de ellos.
Mientras la extrema derecha crece en otros países, en España Vox sigue atrapado en luchas internas que amenazan su supervivencia. La estrategia de partido cerrado y personalista impulsada por Abascal impide generar un liderazgo territorial sólido, dejando a la formación sin margen de maniobra. Aunque algunas encuestas reflejan un ligero repunte en intención de voto, su crisis interna podría convertir ese crecimiento en un espejismo.