Tras años de lucha vecinal, la Casa Orsola será finalmente adquirida por el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con la entidad Hàbitat 3. La presión del Sindicato de Inquilinas y de los vecinos ha obligado al consistorio y al fondo Lioness Investments a llegar a un acuerdo para evitar el desalojo de los inquilinos. El edificio, convertido en un símbolo de la crisis habitacional en Barcelona, se salvó gracias a la resistencia ciudadana, que frenó intentos de desahucio como el de Josep Torrent, un vecino que estaba a punto de ser expulsado de su hogar.
El Ayuntamiento ha utilizado el derecho de tanteo y retracto, una herramienta clave para frenar la especulación inmobiliaria que en el anterior mandato permitió salvar 51 edificios como este. Sin embargo, el gobierno de Jaume Collboni ha reducido drásticamente el presupuesto para esta medida, pasando de comprar 200 pisos al año a solo 30. La compra de la Casa Orsola es una victoria, pero también evidencia la falta de voluntad del consistorio para aplicar políticas estructurales que garanticen el derecho a la vivienda en la ciudad.
El movimiento por la vivienda alerta de que esta operación podría ser utilizada como una maniobra para desmantelar la normativa que obliga a reservar el 30% de las promociones inmobiliarias para vivienda protegida. Este porcentaje ha sido una de las pocas herramientas efectivas para frenar la expulsión de vecinos del centro de la ciudad, protegiendo a más de 4.000 edificios de la especulación. Fuentes del Sindicato de Inquilinas denuncian que el PSC y Hábitat 3 llevan tiempo presionando para eliminar esta medida, alineándose con los intereses de constructoras e inmobiliarias.
Desde el movimiento por la vivienda advierten que esta victoria no puede ser instrumentalizada para justificar recortes en políticas públicas. En las próximas semanas, Collboni podría anunciar un retroceso en la normativa del 30%, eliminando una de las pocas barreras contra la gentrificación en Barcelona. La Casa Orsola demuestra que la organización vecinal funciona, pero la lucha por el derecho a la vivienda continúa: no se puede dar ni un paso atrás en la defensa del acceso a una vivienda digna.