El Sindicat de Llogateres ha reaccionado con un tono crítico a la compra de la Casa Orsola por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Aunque la organización celebra que el fondo Lioness Investments haya tenido que abandonar la finca y que los vecinos puedan permanecer en sus hogares, denuncian que el consistorio ha cerrado el acuerdo sin informar ni consultar a los inquilinos y que el precio pagado es “una vergüenza”. Según el sindicato, el fondo compró el edificio por seis millones y ahora lo vende por más de nueve, lo que supone un beneficio millonario en plena crisis de vivienda.
Enric Aragonés, portavoz del sindicato, señala que el Ayuntamiento no solo ha ignorado a los vecinos en el proceso, sino que ha beneficiado económicamente a quienes pretendían expulsarlos. La indignación crece aún más al saber que la operación ha sido firmada por Carme Trilla, una de las principales defensoras de eliminar la normativa que obliga a destinar el 30% de las promociones inmobiliarias a vivienda protegida. Para el Sindicat de Llogateres, esta normativa es clave para frenar la especulación y evitar que la ciudad siga en manos de inversores que buscan maximizar beneficios a costa del derecho a la vivienda.
Josep Torrent, uno de los inquilinos afectados, reconoce que el acuerdo le ha dado tranquilidad tras “tres años de sufrimiento”, pero denuncia que en todo este tiempo nadie del Ayuntamiento ha contactado con los vecinos. Está convencido de que sin la presión del Sindicat de Llogateres, su desahucio habría sido inevitable. Mientras tanto, la relación entre el sindicato y el consistorio se ha deteriorado aún más. Lejos de sentar un precedente positivo, la compra de la Casa Orsola ha profundizado la desconfianza entre ambas partes, ya que el gobierno municipal sigue sin regular los alquileres de temporada ni poner freno a los fondos especuladores.
Ante esta situación, el Sindicat de Llogateres ha convocado una manifestación para el próximo 17 de febrero, un día antes de la fecha en la que estaba previsto el desahucio de Torrent. El objetivo es visibilizar que la crisis de vivienda en Barcelona no termina con la Casa Orsola y que decenas de edificios en la ciudad están en la misma situación. La lucha continúa para exigir que los pisos sean un derecho y no un negocio.