Las grandes ciudades españolas continúan atrayendo inversiones inmobiliarias internacionales, consolidándose como destinos prioritarios para los grandes capitales en Europa. Según el informe European Investor Intentions Survey 2025 de CBRE, tanto Barcelona como Madrid ocupan posiciones destacadas en el ranking de las ciudades más atractivas para los inversores, situándose en la cuarta y segunda posición, respectivamente. Este fenómeno refleja una tendencia creciente de inversión en el sector inmobiliario, que sigue siendo visto como una apuesta segura en tiempos de incertidumbre económica.
El atractivo de España se debe principalmente a la recuperación económica y la estabilidad del mercado inmobiliario, dos factores que han jugado un papel crucial en el repunte de las expectativas de retorno para los inversores. En este contexto, el volumen de inversión inmobiliaria en Europa podría crecer un 15% en 2025, alcanzando los 16.000 millones de euros, con España ocupando el segundo puesto entre los países con mayores perspectivas de rentabilidad, solo por detrás del Reino Unido. A pesar de este auge, los beneficios de este crecimiento no llegan a las clases populares y más vulnerables.
En las últimas décadas, el aumento de la inversión extranjera en las principales ciudades españolas ha provocado un fenómeno de gentrificación, que ha desplazado a numerosos residentes de barrios populares. El precio de la vivienda sigue siendo inaccesible para muchas familias, mientras que los grandes fondos de inversión adquieren propiedades a gran escala, sin tener en cuenta las necesidades de quienes han habitado esas zonas durante generaciones. El impacto de este modelo económico se traduce en la exclusión social y en la pérdida de identidad de barrios enteros, que se ven transformados por una especulación desenfrenada.
Frente a esta situación, es imprescindible cuestionar el modelo económico que fomenta una recuperación que no beneficia a todos por igual. El auge de la inversión inmobiliaria, aunque positivo para los grandes capitales, sigue profundizando la desigualdad y el desarraigo de las clases bajas, que se ven obligadas a vivir en condiciones precarias. Los gobiernos locales deben poner en marcha políticas que protejan a los más vulnerables, garanticen el derecho a la vivienda y regulen de manera efectiva el mercado inmobiliario para que no sea el beneficio de unos pocos lo que marque el destino de las ciudades.