El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, ha demostrado una alarmante indiferencia ante las repetidas denuncias de abusos policiales contra el colectivo LGTBIQ+ en Madrid. Desde hace años, tanto la Policía Nacional como la Local han sido acusadas de practicar actos de violencia, acoso y discriminación, particularmente en zonas frecuentadas por personas LGTBIQ+, como el barrio de Chueca. A pesar de que numerosas organizaciones y colectivos han alertado sobre estos abusos, el Ministerio no ha tomado medidas efectivas para frenar esta violencia sistemática.
Según denuncias de activistas, estas prácticas abusivas incluyen la identificación y registro arbitrarios de personas LGTBIQ+, el uso excesivo de la fuerza, detenciones sin justificación y un trato vejatorio que atenta contra la dignidad de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las agresiones también se extienden al ámbito de las intervenciones en espacios públicos, donde muchas veces se les ha atacado verbal y físicamente bajo la excusa de «mantenimiento del orden». Este tipo de actuaciones no solo agrava la situación de discriminación, sino que además pone en riesgo la seguridad de un colectivo ya de por sí vulnerable.
Lo más alarmante es la actitud del gobierno ante estas denuncias. En lugar de investigar y garantizar la protección de los derechos humanos, Marlaska y su equipo se han desentendido de la gravedad de la situación. A pesar de los informes y alertas por parte de diversas entidades defensoras de derechos LGTBIQ+, el Ministerio del Interior no ha hecho más que desestimar las acusaciones, ignorando las voces que exigen un cambio en la formación y los protocolos de actuación de la Policía. Este silencio institucional contribuye a la impunidad con la que actúan algunos agentes de las fuerzas de seguridad, sin que exista un mecanismo real para rendir cuentas.