El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Jaume Collboni, ha decidido archivar los expedientes sancionadores contra promotores inmobiliarios que habían incumplido la normativa de la reserva del 30% de viviendas protegidas. Según informa el diario Ara, la medida afecta a varias promociones en el distrito del Eixample, que podrían haber sido multadas con hasta 3 millones de euros por no cumplir con la obligación de destinar una parte de sus viviendas a la protección oficial. La decisión se tomó tras varios meses de deliberación y consultas jurídicas.
El incumplimiento de esta normativa fue identificado por los servicios de inspección durante 2022, cuando se detectó que los promotores no habían reservado el porcentaje de viviendas exigido por la ley. En algunos casos, los promotores habían tramitado permisos fraccionados para evitar la revisión de sus proyectos como grandes rehabilitaciones, eludiendo así la obligación de destinar parte de sus viviendas a la protección oficial.
El archivo de los expedientes ha sido justificado por el gobierno municipal en base a «dudas jurídicas» sobre el posible desenlace de los litigios que podrían derivarse de la imposición de sanciones. Estas incertidumbres fueron refrendadas por un informe encargado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre las preocupaciones legales.
Además, el gobierno de Collboni ha señalado que esta decisión se enmarca dentro de su compromiso de revisar y modificar la normativa de la reserva del 30%. La modificación ha sido muy criticada por la oposición, encabezada por Barcelo en Comú, y los movimientos sociales de la ciudad, como el Sindicat de Llogateres. El cambio de la ley podría incluir ajustes en las sanciones y en los mecanismos de control de las promociones inmobiliarias, lo que ha llevado al gobierno a optar por no continuar con las sanciones hasta que se aprueben cambios legislativos.