El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado este mes de febrero la baja del padrón municipal de personas empadronadas en sedes de entidades sociales, como es el caso de Mariana, trabajadora sexual que se registró en la organización Stop Sida al no poder hacerlo en su lugar de residencia. Esta medida afecta a individuos en situación de vulnerabilidad que, por diversas razones, no pueden empadronarse en sus domicilios reales.
Organizaciones como Stop Sida y la Fundación Arrels han manifestado su preocupación ante esta decisión. Rubén Mora, gerente de Stop Sida, señala que las entidades han demostrado ser fiables en la gestión del empadronamiento y no comprenden por qué se les excluye ahora de este proceso. Además, temen que la baja del padrón dificulte la regularización y el acceso a servicios básicos de las personas afectadas.
El consistorio propone como alternativa el empadronamiento sin domicilio fijo, que requiere un informe de conocimiento de residencia emitido por los servicios sociales. Sin embargo, este trámite puede prolongarse entre seis y ocho meses, lo que, según las entidades, resulta ineficaz para personas que cambian frecuentemente de lugar de pernocta o que no cuentan con un domicilio estable.
Mientras tanto, algunas personas, como Mariana, se ven obligadas a considerar opciones como pagar a terceros para ser empadronadas en domicilios donde no residen realmente, exponiéndose a situaciones de explotación económica. Las entidades sociales instan al Ayuntamiento a mantener el empadronamiento colectivo en sus sedes o, en su defecto, agilizar los procedimientos del empadronamiento sin domicilio fijo para garantizar el acceso a derechos fundamentales de las personas más vulnerables.