El PSOE ha vuelto a desmarcarse de sus socios parlamentarios al votar en contra de la ley que facilitaría la nacionalidad española a los saharauis y abstenerse en la regularización de migrantes en situación administrativa irregular. Ambas medidas, defendidas por Sumar, ERC, EH Bildu y BNG, han evidenciado una vez más la falta de compromiso del Gobierno con la justicia histórica y los derechos humanos.
La ley para el acceso a la nacionalidad de saharauis nacidos antes de 1976 ha sido admitida a trámite a pesar del rechazo del PSOE, que repite su voto contrario de 2023. La diputada saharaui Tesh Sidi (Más Madrid) ha denunciado que miles de saharauis llevan décadas escuchando de la Administración española que «no existen» y que la nueva normativa es un acto de reparación histórica. Sin embargo, el PSOE se ha alineado con los argumentos de Marruecos, negando una vía de acceso a la nacionalidad por carta de naturaleza.
En paralelo, el Congreso ha rechazado la propuesta para regularizar a personas migrantes en situación irregular, promovida por Podemos y apoyada por Sumar, Bildu y ERC. La iniciativa pedía establecer un procedimiento extraordinario de regularización para quienes ya viven y trabajan en España, pero la abstención del PSOE ha impedido su avance. Ione Belarra (Podemos) ha acusado a los socialistas de bloquear la regularización y de utilizar a Junts como excusa para no aprobar la iniciativa legislativa popular que pedía documentos para medio millón de personas.
El debate ha dejado clara la fractura en el bloque progresista. Mientras la izquierda alternativa insiste en ampliar derechos para los migrantes y las excolonias españolas, el PSOE se mantiene en una postura de inacción política. A pesar de gobernar con una mayoría parlamentaria que permitiría aprobar ambas medidas, sigue frenando cualquier paso que pueda incomodar a Marruecos o a la Unión Europea.