Las declaraciones de Albert Batlle en una entrevista con El País han desatado la indignación de los colectivos de vivienda. El teniente de alcalde de seguridad en el gobierno de Jaume Collboni ha acusado a activistas y familias desahuciadas de ser utilizadas como “escudos humanos” por “antisistema y delincuentes”. Como ejemplo, ha citado un desahucio en Sant Gervasi donde, según él, los menores que viven en el edificio podrían caer “por el hueco de un ascensor”. El Sindicat d’Habitatge de Vallcarca ha denunciado que el PSC “compra el discurso de la extrema derecha” y usa argumentos alarmistas para justificar el desalojo de familias vulnerables.
Las palabras de Batlle no han sido bien recibidas por los colectivos de vivienda, que han acusado al regidor de querer criminalizar a las personas que defienden el derecho a la vivienda. “Dice que nos usa la extrema izquierda cuando lo único que hacemos es evitar que familias enteras sean expulsadas a la calle”, han denunciado desde el sindicato. Además, señalan que su argumento sobre la seguridad infantil es una “excusa ridícula” para justificar un nuevo desahucio, obviando la responsabilidad del Ayuntamiento en garantizar viviendas dignas y seguras.
Batlle también ha reafirmado su discurso contra el Top Manta, asegurando que se trata de una “ocupación del espacio público que genera inseguridad y es delictiva”. Durante años, el regidor socialista ha encabezado una política de persecución contra los vendedores ambulantes, que el Sindicat de Manters califica de “racista y represiva”. “La Guardia Urbana persigue más a los manteros negros que a los traficantes”, han denunciado, subrayando que las actuaciones policiales van acompañadas de violencia y humillación.
El responsable de seguridad del Ayuntamiento ha aprovechado la entrevista para insistir en su plan de reforzar la videovigilancia en la ciudad. Tras chocar con el anterior gobierno de Ada Colau, ahora el PSC quiere instalar 500 nuevas cámaras en una primera fase de tres años. “¿Por qué no podemos tener una ciudad videovigilada en condiciones?”, se ha preguntado Batlle, que ha defendido el modelo de seguridad basado en el control masivo del espacio público. Para los movimientos sociales, estas medidas solo refuerzan la criminalización de la pobreza y el autoritarismo policial.