Sumar propone prohibir las infiltraciones policiales contra movimientos sociales

Sumar ha registrado una ley en el Congreso para restringir las infiltraciones policiales a delitos graves como terrorismo o narcotráfico y evitar su uso contra colectivos sociales sin autorización judicial.

Sumar ha registrado una ley en el Congreso para restringir las infiltraciones policiales a delitos graves como terrorismo o narcotráfico y evitar su uso contra colectivos sociales sin autorización judicial.

Sumar ha presentado una proposición de ley en el Congreso para regular el uso de agentes infiltrados y evitar su aplicación contra movimientos sociales sin autorización judicial. La propuesta plantea modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la infiltración policial solo se permita en la lucha contra delitos graves como terrorismo, narcotráfico o trata de personas, dejando fuera las acciones prospectivas o sin pruebas previas de delito.

El diputado y coportavoz de los Comunes, Gerardo Pisarello, ha denunciado que las recientes revelaciones sobre la infiltración de agentes en colectivos sociales evidencian un «patrón de abuso» que se ha mantenido tanto bajo gobiernos del PP como con el PSOE al frente del Ministerio del Interior. Pisarello ha advertido que esta práctica vulnera derechos fundamentales como la intimidad y el derecho de reunión, por lo que es necesario un marco legal más estricto que impida estas actuaciones arbitrarias.

Sumar espera que el PSOE apoye la iniciativa y ha argumentado que la autorrestricción en el uso de policías encubiertos beneficia a cualquier gobierno. Según Pisarello, el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska debería respaldar la medida, ya que refuerza el control democrático sobre los cuerpos policiales y alinea la legislación española con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La propuesta de Sumar busca acabar con la actual “inseguridad jurídica” que rodea la infiltración policial, al diferenciar claramente entre el uso legítimo de agentes encubiertos en la lucha contra el crimen organizado y su empleo injustificado contra activistas. La formación confía en que la reforma reciba el apoyo de los aliados parlamentarios del bloque de investidura, reforzando así la protección de los derechos fundamentales frente a posibles abusos del poder policial.

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