El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha evitado descartar que la ciudad impulse una candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno, pese a los múltiples problemas que genera este evento. La propuesta, que ya fue descartada en 2030 por falta de consenso, supondría un enorme gasto público en un momento de crisis social y climática. Lejos de abordar los problemas estructurales de Barcelona y el Pirineo, el alcalde sigue apostando por macroeventos que favorecen la especulación y benefician a las grandes empresas.
La apuesta por unos Juegos Olímpicos de Invierno en Cataluña es insostenible en plena emergencia climática. El Tercer Informe sobre el Cambio Climático en Cataluña advierte que las estaciones de esquí del Pirineo están condenadas a desaparecer debido al aumento de temperaturas y la reducción de precipitaciones. La viabilidad de estas infraestructuras es cada vez menor y el uso de nieve artificial será pronto inviable. Destinar millones de euros a un evento de invierno cuando la propia Generalitat admite que el Pirineo perderá su capacidad para mantener la nieve es una apuesta irresponsable.
Además, este tipo de eventos agravan el problema de la vivienda y refuerzan el monocultivo turístico. En zonas como la Vall d’Aran o la Cerdanya, el acceso a la vivienda ya es casi imposible debido a la proliferación de pisos turísticos y segundas residencias. Airbnb, patrocinador oficial del Comité Olímpico Internacional, ha promovido en otras ciudades olímpicas la retirada de viviendas del alquiler residencial, disparando aún más los precios. En un Pirineo ya castigado por el éxodo juvenil y la falta de empleo estable, este proyecto consolidaría un modelo económico precario basado en la temporalidad y la especulación.
Mientras Collboni y el PSC priorizan este tipo de macroeventos, las verdaderas necesidades del Pirineo y de Barcelona siguen sin respuesta. Ni mejores infraestructuras, ni vivienda pública, ni empleo de calidad. La candidatura olímpica no es más que un intento de maquillar la falta de políticas efectivas con una operación mediática que favorece a los mismos de siempre: grandes empresas, promotoras inmobiliarias y el lobby turístico.