El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto la puerta a una nueva normativa que permita integrar guarderías privadas con dificultades económicas en la red pública municipal, tras el repentino cierre de la guardería Les Manetes en Sant Andreu. Esta clausura, ocurrida de forma inesperada, ha dejado sin escuela a decenas de familias y evidencia la crisis del modelo privado de educación infantil.
Actualmente, otros centros como las cooperativas Sol Solet y Àgora, en el Eixample, también han mostrado interés en pasar a la gestión pública. Ambas denuncian que llevan años enfrentándose a dificultades financieras, derivadas principalmente de los elevados precios de alquiler provocados por la especulación inmobiliaria y los crecientes costes laborales. Las responsables señalan además que, para mantener una educación de calidad, han tenido que elevar las cuotas familiares, lo que afecta directamente a su sostenibilidad económica.
La situación es especialmente crítica en Barcelona, donde el consistorio sólo puede atender el 55% de las solicitudes de plazas públicas, obligando a muchas familias a recurrir a centros privados con precios más elevados. En este contexto, el gobierno municipal socialista, encabezado en educación por el regidor Lluís Rabell, ha recogido la propuesta de los Comuns de crear un mecanismo legal para que centros privados con problemas puedan integrarse voluntariamente en la red pública, una medida que cuenta también con el respaldo inicial de ERC y Junts.
La nueva regulación, aún en fase de borrador, establece un plazo de seis meses para evaluar cada solicitud de integración. Una vez aprobada, la adhesión sería efectiva al curso siguiente, respetando las condiciones laborales del personal educativo y garantizando la continuidad del alumnado inscrito. Varias entidades del sector valoran positivamente esta posibilidad, aunque reclaman cambios para simplificar la adhesión y preservar los proyectos educativos consolidados durante años.