El Ejecutivo ha paralizado la compra de 15 millones de balas a una empresa vinculada al complejo militar-industrial israelí, tras las críticas surgidas dentro del propio Gobierno. El contrato, tramitado por el Ministerio del Interior y con un valor de 6,6 millones de euros, fue aprobado en octubre sin haber sido debatido previamente con los socios del Ejecutivo. La decisión de dar marcha atrás se tomó tras las protestas de los partidos que componen Movimiento Sumar, que denunciaron la falta de transparencia y el contexto geopolítico de la operación.
Los socios del Gobierno expresaron su rechazo frontal al acuerdo por considerar que vulnera el compromiso del Estado español con la defensa de los derechos humanos, especialmente en un momento de intensificación del conflicto en Gaza. Las críticas se centraron también en el hecho de que la adjudicación se realizara a una empresa pública israelí, dependiente directamente del Ministerio de Defensa del país.
El Ministerio del Interior justificó inicialmente la operación por necesidades logísticas de las fuerzas de seguridad, pero desde la Moncloa se optó por buscar vías legales para revertir el contrato ante el coste político de mantenerlo. La intervención directa del presidente del Gobierno fue clave para frenar la ejecución del acuerdo.
La cancelación de la compra refleja una fractura interna sobre la política de armamento y la gestión de las relaciones internacionales. También reabre el debate sobre la opacidad en determinadas adjudicaciones del Ministerio del Interior, en un contexto donde aumenta la exigencia de coherencia ética y control democrático sobre el gasto en defensa.