El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que reduce la jornada laboral máxima en España de 40 a 37,5 horas semanales, sin implicar recortes salariales. Esta medida, que beneficiará a 12,5 millones de trabajadores del sector privado, se enmarca en una reforma laboral impulsada por el Ejecutivo de coalición. La nueva normativa entrará en vigor en enero de 2026, otorgando a las empresas un plazo para adaptarse a la nueva jornada.
La reforma incluye la implementación de un registro horario digital e interoperable, que permitirá un control más efectivo de las jornadas laborales y facilitará la labor de la Inspección de Trabajo. Además, se reconoce el derecho irrenunciable a la desconexión digital, garantizando que los trabajadores no estén obligados a atender comunicaciones laborales fuera de su horario de trabajo. Estas medidas buscan mejorar la conciliación laboral y reducir el absentismo, promoviendo un entorno laboral más saludable y equilibrado.
Se trata de una iniciativa cuenta con el apoyo de sindicatos como UGT y CCOO, pero que ha generado controversia en el ámbito empresarial, tanto para la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) como para la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).
La tramitación parlamentaria de la reforma prevé un nuevo reto para el Gobierno, a la espera de conseguir una mayoría para poder aprobarla. Junts ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto, calificando la iniciativa de perjudicial para las empresas. En respuesta, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado al Partido Popular a apoyar la reforma, apelando al respaldo social que esta medida ha recibido y destacando su carácter progresista y modernizador.