Referentes sociales se rebelan contra la nueva ordenanza cívica de Collboni por “punitiva y excluyente”

Un manifiesto firmado por periodistas, académicos y activistas denuncia que la reforma apuesta por las multas y el control policial en lugar de la convivencia real.

Un manifiesto firmado por periodistas, académicos y activistas denuncia que la reforma apuesta por las multas y el control policial en lugar de la convivencia real.

Un grupo de referentes de la sociedad civil ha hecho público este jueves un manifiesto contra la reforma de la ordenanza cívica que el Ayuntamiento de Barcelona prepara para los próximos meses. Periodistas, filósofos, sociólogos, abogados, educadores y activistas denuncian que el gobierno de Jaume Collboni está impulsando una modificación “punitiva y excluyente” que consolida las multas como respuesta principal ante cualquier expresión no normativa en el espacio público. El texto exige una ciudad centrada en las personas, no en la lógica del castigo.

Los firmantes —entre ellos la abogada Anaïs Franquesa, el antropólogo José Mansilla, el sociólogo Albert Sales o la periodista Anna Pacheco— critican que el nuevo texto endurece las sanciones económicas (que podrán alcanzar los 3.000 euros), reduce las bonificaciones por pronto pago y amplía el número de comportamientos sancionables. “Todo bajo una retórica de civismo que en realidad refuerza el control policial”, denuncian. Además, lamentan que el proceso se ha hecho sin transparencia ni espacios de participación reales.

El manifiesto alerta especialmente sobre los efectos que la ordenanza puede tener en colectivos vulnerabilizados. Señalan que las medidas contra la discriminación no se aplicarán a personas migrantes ni racializadas, y que el texto reproduce dinámicas higienistas que estigmatizan la pobreza. “La ordenanza refuerza lógicas de exclusión institucional y desigualdad estructural”, advierten. También consideran preocupante que se prevean sanciones severas por ruido vecinal, mientras se ignoran las molestias provocadas por la industria turística o el ocio nocturno.

Los impulsores del manifiesto reclaman un cambio de enfoque: un modelo de convivencia basado en la corresponsabilidad, la mediación comunitaria y los derechos. Piden una ordenanza que proteja los usos democráticos del espacio público y que reconozca explícitamente los derechos de quienes lo habitan. “El espacio público no debe ser un lugar de vigilancia, sino un territorio de libertad, dignidad y vida colectiva”, concluyen.

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