El bloque situado en el número 41 de la calle de la Concòrdia, en el barrio del Poble‑sec de Barcelona, ha sido vendido recientemente a una inmobiliaria. En ese edificio conviven 13 familias, de las que cinco ocupan pisos con contrato de alquiler social regulados por la bolsa municipal. La operación se cerró a principios de 2025, con un precio aproximado de 110.000 € por vivienda implicada.
Cuando los contratos sociales de esos cinco pisos finalicen en los próximos meses, los nuevos propietarios podrían no renovarlos, algo que pondría en situación de vulnerabilidad a esas familias, que llevan años residiendo en la finca. Algunas de ellas llevan décadas, como el caso de un inquilino que vive allí hace 27 años, o la mujer que desde 2011.
El Ayuntamiento no ejerció el derecho de tanteo ni retracto, mecanismos que le habrían permitido comprar el bloque y mantenerlo bajo gestión pública para garantizar la continuidad de los contratos sociales. El Sindicat de Llogateres denuncia que esta omisión ha permitido la venta sin negociación previa ni aviso fehaciente a los vecinos.
Este caso se enmarca en una preocupación mayor: en 2026 se prevé que caduquen en Barcelona al menos unos 119.000 contratos de alquiler, de los cuales alrededor de 32.500 son contratos protegidos. Las organizaciones implicadas piden la creación inmediata de espacios de diálogo con la administración y el nuevo propietario para evitar desplazamientos forzosos.