El pleno municipal de Barcelona aprobó este viernes una proposición del grupo Barcelona en Comú (BComú) para elaborar en un plazo de seis meses un “plan especial” que permita limitar las compras de vivienda con fines especulativos en la ciudad. El texto fue respaldado por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y rechazado por Junts per Catalunya (JxCat), Partido Popular (PP) y Vox. La iniciativa responde a la percepción de que los fondos de inversión y compradores no residentes están adquiriendo inmuebles para obtener rentabilidad, vaciando el acceso de la ciudadanía al piso como residencia habitual.
Uno de los argumentos centrales es un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que concluye que es viable legalmente limitar la compra de viviendas cuando no se destinan a residencia habitual en zonas de mercado “tensionado”.
La proposición fue presentada por la portavoz de BComú, Janet Sanz, quien expuso ejemplos concretos de barceloneses que, según su grupo, han sufrido los efectos de la especulación inmobiliaria. La medida marca un plazo fijo —seis meses— para que el consistorio elabore el plan, lo que implica un compromiso explícito de actuación a medio plazo y la definición de marcos normativos o regulatorios específicos para actuar contra compras que no responden a la vivienda como residencia.
La aprobación de esta proposición se produce en un contexto de creciente tensión por los precios del alquiler y la compra de vivienda en Barcelona, y sitúa al Ayuntamiento en línea con un discurso de protección del derecho a la vivienda frente a la presión de grandes inversores. Aunque el texto aún no detalla qué mecanismos concretos se emplearán, pone en marcha un proceso con plazos establecidos y respaldo político mayoritario dentro del consistorio.