El Govern ha anunciado la incorporación al parque público de 1.700 viviendas de la Fundació La Caixa, mediante un traspaso permanente. El paquete incluye 1.100 pisos recientemente transferidos y se suma a acuerdos anteriores, consolidando un conjunto de viviendas que hasta ahora corrían peligro de privatización. El anuncio se produce tras una campaña mantenida de tensiones entre inquilinas, activismo y riesgo de desalojo de bloques construidos con fondos públicos.
Desde el 1 de abril, un grupo de 71 familias de promociones en Sentmenat, Sitges, Banyoles y Palau-solità i Plegamans mantenía una huelga de alquileres: habían retenido 257.631,73 euros en rentas como forma de presión para denunciar el fin de la protección oficial, denuncias por cláusulas abusivas, subidas injustificadas y cobros indebidos de IBI.
Ese malestar se había traducido en litigios: desde 2020 varias familias habían llevado la gestión de los pisos a los tribunales, exigiendo el fin del acoso inmobiliario y una garantía real de vivienda digna. Una de las demandas reclama la devolución de más de 350.000 euros.
Con el traspaso al organismo público Incasòl, cada piso se ha valorado de media en 81.954 euros. Ahora quedan integrados en el parque público, lo que impide su venta privada y garantiza su estatus como vivienda protegida.
El anuncio ha movilizado al Sindicat de Llogateres, que ha convocado una asamblea este sábado en L’Hospitalet de Llobregat para decidir los próximos pasos de la movilización. Mantienen exigencias pendientes: la retirada de todas las demandas judiciales contra inquilinas y no inquilinas, la renovación de contratos sin cláusulas abusivas y con alquileres asequibles, el compromiso de un mantenimiento adecuado y la devolución de las cantidades indebidamente cobradas.