La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas para investigar el asalto de fuerzas israelíes a la Global Sumud Flotilla, una flotilla civil que partió de Barcelona a finales de agosto rumbo a Gaza y fue interceptada en octubre. La decisión responde a una querella presentada a mediados de noviembre por Izquierda Unida y el Partido Comunista de España contra altas autoridades civiles y militares de Israel por la detención de cientos de activistas, entre ellos decenas de personas de nacionalidad española que viajaban en las embarcaciones.
En un auto fechado el 17 de noviembre, el juez Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, acuerda incoar diligencias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y la posible responsabilidad penal de los implicados. El magistrado ordena además dar traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la querella y sobre las diligencias solicitadas. El escrito de IU y PCE sostiene que los hechos podrían constituir delitos de detención ilegal, piratería, tortura y delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado, en el marco de posibles crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La querella se dirige contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamires; el almirante Ram Rotberg, máximo responsable de las fuerzas navales que llevaron a cabo el asalto; Yosef Knipes, autoridad de la prisión de Ketziot, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, del que depende el servicio penitenciario. El texto también deja abierta la puerta a que la investigación alcance a otros responsables políticos, policiales o militares que puedan ser identificados durante la instrucción.
Paralelamente, la Audiencia Nacional ha recibido una segunda querella, presentada a título individual por cinco ciudadanos españoles que formaban parte de las tripulaciones de la Global Sumud Flotilla y que fueron retenidos tras el abordaje. Este nuevo escrito atribuye los mismos delitos a la misma lista de querellados y subraya que varias de las embarcaciones navegaban bajo pabellón español. Los antecedentes no son favorables: en junio, otro juez de la Audiencia archivó una querella similar por un asalto a la Flotilla de la Libertad al considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción tras el recorte de la justicia universal aprobado en 2014, un criterio que ya se había aplicado para rechazar investigar a un militar israelí denunciado por crímenes de guerra durante una estancia en Barcelona.