Los residentes del edificio situado en la calle Tribulete 7, en Lavapiés —un bloque que hasta marzo de 2024 albergaba a unas 54 familias— han conseguido que el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid admita por primera vez en España una querella colectiva contra un fondo buitre. La acusación se dirige contra Elix Rental Housing por presunto acoso inmobiliario a los inquilinos del edificio.
El procedimiento implica la imputación formal de la socimi como persona jurídica, así como de varios altos cargos: el socio fundador, el director de inversiones, una mediadora, el arquitecto responsable de las obras y otras personas vinculadas a la gestión del inmueble. Todos ellos declararán como investigados el 19 de febrero de 2026, mientras que el jefe de obra subcontratado comparecerá en marzo.
Los vecinos, organizados junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, denunciaron una campaña sistemática de “mobbing inmobiliario”. Entre las prácticas señaladas destacan obras invasivas, cortes de suministros, humedades, goteras, desprendimientos de techos, así como amenazas y coacciones destinadas —según los afectados— a forzar el desalojo para reconvertir el edificio en pisos turísticos o alquileres más lucrativos.
Desde que el fondo compró el inmueble en marzo de 2024, los residentes han mantenido una estrategia de resistencia bajo el lema “Nos quedamos”, pagando los alquileres puntualmente pese al vencimiento de contratos y documentando cada incidencia. La admisión a trámite y la imputación del fondo abren la puerta a un posible juicio que marcaría un precedente en España, investigando por primera vez a un gran tenedor por acoso inmobiliario.