El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes la nueva ordenanza de civismo impulsada por el gobierno municipal de Jaume Collboni. La reforma, que actualiza una normativa en vigor desde 2005, ha contado con el respaldo de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, la abstención del PP y el voto en contra de Barcelona en Comú y Vox.
El nuevo texto amplía de forma significativa las conductas sancionables en el espacio público y endurece el régimen de multas, que en algunos casos pueden alcanzar los 3.000 euros. Entre las infracciones contempladas se incluyen el consumo de alcohol en la vía pública, hacer necesidades fisiológicas en la calle, la venta ambulante sin licencia o determinadas pintadas, con la obligación de reparar los daños causados.
Desde Junts y ERC han defendido el acuerdo alcanzado con el gobierno municipal, subrayando la necesidad de actualizar la normativa para garantizar la convivencia en la ciudad. En el caso de ERC, el grupo ha puesto el acento en la incorporación de medidas complementarias a las sanciones, como mecanismos restaurativos o alternativas para personas en situación de vulnerabilidad.
Barcelona en Comú ha criticado la reforma por considerar que prioriza un enfoque punitivo para abordar problemas de carácter social. El grupo ha advertido de que la ordenanza apuesta por el castigo económico en lugar de reforzar políticas públicas orientadas a la inclusión social y a la atención de las causas estructurales que afectan al uso del espacio público.