El uso de antidepresivos en España, especialmente en Cataluña, ha experimentado un crecimiento significativo en la última década, impulsado por el incremento de malestar emocional y la histórica escasez de psicoterapeutas en el sistema de salud pública. Según un análisis basado en una amplia base de datos poblacional impulsada por el Hospital Clínic-Idibaps, las consultas de salud mental en atención primaria se duplicaron entre 2010 y 2019, mientras que las prescripciones de antidepresivos se multiplicaron por cinco en el mismo periodo. La falta de acceso rápido a especialistas, con esperas medias de más de dos meses para acudir a un psicólogo o psiquiatra, agrava esta situación.
Expertos señalan que parte de este crecimiento responde al aumento de problemas de salud mental en la población general, con los trastornos de ansiedad y depresivos como los más prevalentes. En 2023 se registraron casi 356 casos de trastornos mentales y de comportamiento por cada 1.000 habitantes, un incremento notable respecto a años previos. Las incapacidades laborales debido a problemas psiquiátricos también han crecido, con un aumento del 70 % en los últimos cinco años en Cataluña.
El déficit de psicólogos clínicos en el sistema público es una de las causas estructurales del crecimiento del uso de fármacos. Con alrededor de 3.500 profesionales con especialidad sanitaria en el SNS —una ratio muy inferior a la media europea— las plazas ofertadas en los últimos años no compensan las necesidades reales, según los datos del sector sanitario. Organizaciones profesionales estiman que serían necesarias al menos 400 nuevas plazas anuales para mitigar el déficit actual.
Ante la falta de recursos para ofrecer terapia psicológica en tiempos adecuados, la atención primaria opta por tratamientos farmacológicos que, aunque indicados clínicamente, no sustituyen un abordaje integral de la salud mental. Los especialistas sostienen que aumentar la disponibilidad de atención psicológica especializada permitiría una gestión más adecuada de los casos menos graves y reduciría la dependencia de la medicación como única respuesta accesible en el sistema público.