El Hospital de Sant Pau de Barcelona lleva 14 años sin practicar interrupciones voluntarias del embarazo, según una investigación publicada por Público. La ausencia de este servicio se produce a pesar de que el aborto está reconocido como un derecho en la legislación vigente y forma parte de las prestaciones del sistema sanitario público.
De acuerdo con el reportaje, profesionales del propio centro y entidades feministas señalan que la principal causa es una objeción de conciencia prácticamente total entre el personal médico, vinculada a la influencia histórica de la Iglesia católica en la gestión del hospital. Esta situación habría convertido la excepción legal de la objeción en un bloqueo estructural del servicio.
La investigación subraya que Sant Pau es un hospital concertado con una larga tradición religiosa, lo que, según las fuentes consultadas, ha favorecido un entorno poco favorable a la práctica de abortos. Aunque el centro deriva a las pacientes a otros hospitales o clínicas, este procedimiento implica retrasos, desplazamientos y una mayor carga emocional para las mujeres afectadas.
Expertas en derechos sexuales y reproductivos alertan de que el caso de Sant Pau no es aislado y evidencia las limitaciones del sistema para garantizar el acceso efectivo al aborto en la sanidad pública. La falta de mecanismos para asegurar que los hospitales concertados presten este servicio, añaden, genera desigualdades territoriales y vulnera el espíritu de la ley.