Las entidades gestoras encargadas de ofrecer estos servicios de asesoramiento y tramitación, entre ellas el SAIER (Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados), dejaron su puesto el pasado mes de diciembre debido a la finalización de sus contratos. Esta transición ha supuesto un vacío en los recursos disponibles para las personas migrantes, que ahora se enfrentan a largos periodos de espera sin que se haya dado una solución clara por parte del Ayuntamiento de Barcelona.
Por otro lado, esta falta de atención a las consultas y el bloqueo de citas está afectando especialmente a aquellos que necesitan renovar sus permisos de residencia o acceder a otros servicios administrativos esenciales. La situación se agrava por la acumulación de casos pendientes, lo que genera una creciente presión sobre el sistema de extranjería de la ciudad. En muchos casos, los trámites son cruciales para garantizar la seguridad jurídica y el acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación o el empleo.
Además, diversas organizaciones y colectivos que representan a la comunidad migrante han expresado su preocupación ante la falta de respuestas por parte de la administración local. Aseguran que esta paralización no solo afecta a la gestión administrativa, sino que también pone en peligro la integración y la convivencia en la ciudad. Las organizaciones reclaman que se establezca un plan urgente para solventar la situación y evitar más perjuicios a la población afectada.
El Ayuntamiento de Barcelona aún no ha concretado cuándo se restablecerán las consultas o cuál será el modelo de gestión de extranjería a partir de ahora. Mientras tanto, miles de personas continúan esperando respuestas a sus solicitudes, generando incertidumbre en una de las cuestiones más urgentes para el bienestar de la comunidad migrante en la ciudad.