El Ayuntamiento de Barcelona, junto al Consorci de la Zona Franca, ha ejecutado este lunes el desalojo de 175 personas que vivían en un asentamiento situado en el polígono industrial de la Zona Franca. El operativo, realizado con la participación de Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, ha sido justificado por el gobierno municipal de Jaume Collboni por una supuesta plaga de ratas y razones de salud pública.
Entidades como Arrels Fundació, la FAVB y colectivos de apoyo a personas sin hogar han denunciado que la actuación no ha ido acompañada de alternativas habitacionales estables. Según estas organizaciones, muchas de las personas desalojadas ya habían sido expulsadas previamente de otros espacios de la ciudad tras perder su vivienda. Durante el operativo, servicios municipales retiraron tiendas, colchones y objetos personales, una práctica que las entidades consideran que agrava aún más la situación de vulnerabilidad.
La actuación del gobierno de Collboni ha sido comparada por organizaciones sociales con políticas aplicadas en otros municipios, como Badalona, gobernada por Xavier García Albiol. Aunque ambos alcaldes pertenecen a espacios políticos distintos, los colectivos denuncian un patrón similar: desalojos policiales de asentamientos sin un plan integral de realojo. En el caso de Badalona, Albiol ha defendido públicamente intervenciones contundentes contra ocupaciones y campamentos, mientras que en Barcelona el ejecutivo de Collboni presenta estas actuaciones como medidas técnicas o sanitarias. Las entidades subrayan que, más allá del discurso, el resultado es el mismo: personas expulsadas del espacio público sin soluciones habitacionales duraderas, en un contexto de emergencia residencial que sigue sin una respuesta estructural por parte de las administraciones.