El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado la instalación de 20 cámaras de videovigilancia en Plaça Reial, en pleno distrito de Ciutat Vella, además de seis dispositivos adicionales en la Avinguda de la Catedral. La actuación forma parte de un plan municipal que prevé alcanzar las 500 cámaras repartidas por la ciudad antes de finales de 2027, con el objetivo declarado de reforzar la seguridad y apoyar el trabajo policial.
Según el consistorio, los nuevos equipos grabarán en alta definición y estarán conectados por fibra óptica, cubriendo tanto el espacio central de la plaza como sus porches y accesos. El gobierno municipal sostiene que el sistema cuenta con las autorizaciones legales correspondientes y que las imágenes servirán como herramienta preventiva y probatoria ante posibles delitos o conflictos de convivencia.
Sin embargo, el despliegue supone prácticamente triplicar el número actual de cámaras en Barcelona y consolida un modelo basado en la vigilancia intensiva del espacio público. Diversos colectivos alertan de que este tipo de políticas desplazan el foco desde la intervención social hacia el control tecnológico, con un impacto directo sobre derechos fundamentales como la privacidad, la libre circulación y el anonimato en la vida cotidiana.
La ampliación del sistema llega, además, en un contexto marcado por la falta de respuestas estructurales a problemas como la precariedad habitacional, la turistificación o la expulsión vecinal de los barrios céntricos. Mientras se acelera la inversión en cámaras, siguen pendientes políticas de fondo que aborden las causas sociales del malestar urbano, más allá de la monitorización permanente de plazas y calles.