El Govern de la Generalitat de Cataluña y el grupo parlamentario de los Comuns han cerrado un acuerdo político para introducir una regulación que limite la compra especulativa de viviendas por parte de «grans tenidors» en zonas de mercado residencial tensionado, marcadas por la escasez de oferta asequible. La medida, pactada en el contexto de las negociaciones para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026, se articulará mediante una reforma de la Ley de Urbanismo que se tramitará por lectura única con el objetivo de que esté vigente antes de agosto.
El texto define como “grans tenidors” a quienes poseen cinco o más inmuebles en un mismo municipio de mercado tensionado —áreas que agrupan a más del 90 % de la población catalana— y restringe sus compras salvo que sean para uso personal como residencia habitual o la adquisición de un edificio completo destinado al alquiler con los límites de renta legales. Esta regulación busca frenar la acumulación de viviendas sin uso residencial y priorizar su disponibilidad para quienes viven en esos territorios.
El acuerdo también contempla excepciones y límites para pequeños propietarios, que podrán adquirir viviendas para residencia habitual, para familiares hasta segundo grado o ponerlas en alquiler siempre que respeten los topes de rentas establecidos. Además, se permitirá una única segunda residencia en un municipio distinto. Las infracciones a la nueva normativa llevarán aparejadas sanciones “muy graves”, con multas que oscilan entre 150.000 € y 1,5 M €.
Los impulsores de la iniciativa destacan que este será el primer cambio normativo de este tipo en España y que ha contado con el aval de informes jurídicos que avalan su encaje constitucional y legal. La implantación efectiva de las restricciones dependerá del despliegue del marco legal por parte de los ayuntamientos tras la aprobación parlamentaria, por lo que su impacto real se espera para 2027.