El Gobierno ha puesto en marcha un sistema de incentivos económicos dirigido a los centros de atención primaria (CAP) para reducir la duración de las bajas laborales. La medida, ya activada, pretende acortar los periodos de incapacidad temporal a través de una gestión más eficiente por parte de los equipos médicos, en el contexto del sistema público de salud en Cataluña.
El nuevo modelo establece compensaciones económicas para los CAP en función de indicadores relacionados con la duración media de las bajas laborales. El objetivo es reducir el absentismo y mejorar la sostenibilidad del sistema, en un momento en que la atención primaria arrastra una elevada carga asistencial y dificultades estructurales.
Desde la administración se plantea que la iniciativa busca optimizar recursos y homogeneizar criterios médicos en la gestión de las bajas. Según el planteamiento oficial, una reducción de la duración media permitiría liberar presión sobre el sistema sanitario y el ámbito laboral, alineando la práctica clínica con criterios de eficiencia.
La medida ha generado debate entre profesionales sanitarios, que alertan de posibles efectos sobre la autonomía médica y la calidad asistencial. Parte del sector advierte de que vincular incentivos económicos a la duración de las bajas puede introducir tensiones en la toma de decisiones clínicas, especialmente en contextos donde la evaluación del estado de salud requiere tiempo y seguimiento individualizado.
Sindicatos y colectivos sanitarios advierten de que vincular incentivos económicos a la reducción de las bajas laborales puede desvirtuar la función clínica, al introducir objetivos de productividad en decisiones que dependen exclusivamente del estado de salud de los pacientes. Estas críticas señalan que la medida puede empujar a altas prematuras, aumentar las recaídas y trasladar el coste a largo plazo al propio sistema público, en un contexto donde la atención primaria ya sufre falta de recursos y sobrecarga estructural.