Diecisiete activistas se enfrentan a multas de hasta 60.000 euros por protestar contra Israel durante la Vuelta 2025. Las acciones tuvieron lugar en distintas etapas de la competición y buscaban denunciar la ofensiva militar en Gaza y la presencia de equipos israelíes en el evento deportivo. Las sanciones han sido tramitadas por la Delegación del Gobierno en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Las protestas consistieron en interrupciones puntuales del recorrido y despliegues de pancartas en zonas cercanas al paso del pelotón. Según las autoridades, estas acciones habrían puesto en riesgo la seguridad de la prueba, lo que justificaría la apertura de expedientes sancionadores. Las multas propuestas oscilan entre los 600 y los 60.000 euros en función de la gravedad atribuida a cada caso.
Las personas afectadas y organizaciones de apoyo sostienen que se trata de acciones pacíficas de denuncia política y alertan de un uso desproporcionado de la normativa sancionadora. También señalan que la respuesta administrativa busca disuadir futuras protestas en espacios públicos y eventos de gran visibilidad mediática.
Diversas entidades sociales y de defensa de los derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de estas sanciones. Consideran que este tipo de medidas puede restringir el derecho a la protesta y limitar la libertad de expresión, especialmente en contextos de denuncia de conflictos internacionales como el de Gaza.
Diversas entidades sociales y de defensa de los derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de estas sanciones. Consideran que este tipo de medidas puede restringir el derecho a la protesta y limitar la libertad de expresión, especialmente en contextos de denuncia de conflictos internacionales como el de Gaza.