El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, impulsa el proceso para extinguir la Fundación Francisco Franco, al considerar que su actividad es incompatible con la Ley de Memoria Democrática. La decisión llega tras analizar la documentación de la entidad y concluir que promueve la exaltación de la dictadura franquista. El expediente será trasladado a la Abogacía del Estado para su tramitación judicial.
Desde el Ministerio de Cultura sostienen que la fundación incurre en causas legales de disolución al difundir contenidos que ensalzan la figura del dictador y justifican el régimen. La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022, prohíbe este tipo de actividades y establece mecanismos para actuar contra entidades que vulneren sus principios.
El paso dado por Urtasun se produce tras varios requerimientos previos y un proceso de evaluación jurídica sobre la actividad pública de la fundación. Según fuentes del Ministerio, se han recopilado evidencias de actos, publicaciones y posicionamientos que contravienen la normativa vigente en materia de memoria histórica.
Ahora será la Abogacía del Estado la encargada de presentar la demanda ante los tribunales, que deberán determinar si concurren las condiciones legales para la disolución. El procedimiento judicial marcará el futuro de la fundación en función de su adecuación o no al marco legal actual.
El impulso de este procedimiento tiene una especial relevancia para las víctimas del franquismo y sus familias, al situar en el centro la necesidad de garantizar verdad, justicia y reparación. La posible disolución de la fundación supone un avance en el reconocimiento institucional de quienes sufrieron la represión y en la aplicación efectiva de políticas públicas orientadas a preservar la memoria democrática.