Irídia judicializó 53 casos de violencia institucional en 2025 y denuncia un aumento del racismo policial en Cataluña, según su último informe presentado este martes. El documento recoge que 266 personas acudieron al Servicio de Atención y Denuncia ante Situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI) para denunciar presuntas vulneraciones de derechos humanos, la cifra más alta desde 2019 y la segunda más elevada en la historia del servicio. Del total de casos litigados, un 39,6 % incluían un componente racista.
Según el informe, 21 de los 53 casos judicializados presentaban indicios de discriminación racial, mientras que dos estaban relacionados con discriminación LGTBI-fóbica y uno con discriminación por razón de género. La directora de la entidad, Anaïs Franquesa, reclamó el fin de las identificaciones policiales por perfil étnico y pidió implantar formularios de parada policial que obliguen a justificar por escrito cada identificación realizada en la vía pública.
El informe también denuncia la falta de mecanismos internos de control dentro de los cuerpos policiales. En 28 de los casos analizados no se abrió ninguna investigación interna, y de las 19 investigaciones activadas, 12 fueron iniciadas únicamente por requerimiento judicial. Además, solo en tres ocasiones el propio cuerpo policial identificó a los agentes señalados en las denuncias.
Irídia sostiene además que muchas de las denuncias terminan archivadas de forma prematura. En 36 de los 53 casos, las causas fueron archivadas, tratadas como delitos leves o inadmitidas sin practicar todas las diligencias solicitadas. Posteriormente, instancias judiciales superiores ordenaron reabrir 24 de esos procedimientos. La entidad también señala que la duración media de las instrucciones supera los tres años y denuncia la inacción de la Fiscalía en buena parte de los procesos.