La jueza Meritxell Quella ha archivado el procedimiento sobre el desalojo del antiguo instituto municipal B-9 de Badalona y ha avalado la actuación del Ayuntamiento dirigido por Xavier García Albiol. La magistrada considera que el consistorio prestó la “atención debida” a las personas migrantes desalojadas, pese a que decenas de ellas quedaron en la calle tras una operación que afectó a casi 400 personas antes de Navidad.
La resolución da por buenos los informes municipales que sostienen que los servicios sociales aplicaron medidas de asistencia para las personas que se quedaron sin solución habitacional. En el momento de autorizar el desalojo, la jueza rechazó obligar al Ayuntamiento de Badalona a ofrecer un alojamiento alternativo y se limitó a exigir que prestara atención social a los migrantes afectados.
La Fiscalía y las letradas Marta Llonch y Mireia Salazar habían pedido investigar posibles vulneraciones de derechos fundamentales por la falta de asistencia municipal. Según los informes citados en el procedimiento, la Generalitat y varias entidades sociales tuvieron que buscar alojamientos de emergencia, sin evitar que algunas personas durmieran durante días bajo un puente durante un episodio de viento y lluvia.
El Ayuntamiento de Badalona admitió ante la jueza que no tenía protocolos específicos para personas sin hogar, aunque defendió que la ley no le obligaba a disponer de ellos y que contaba con una metodología de intervención. La Fiscalía abrió en diciembre una investigación tras una denuncia penal contra Albiol presentada por el eurodiputado de los Comuns Jaume Asens.