El Sindicato de Inquilinas de Cataluña presentó el pasado 7 de noviembre un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Barcelona por su presunta inacción ante el incumplimiento de la reserva del 30% de vivienda protegida. La denuncia se centra inicialmente en un edificio situado en Consell de Cent, 538, propiedad de Vandor Real Estate, donde las inspecciones municipales determinaron que las reformas realizadas debían considerarse una gran rehabilitación. La entidad acusa al gobierno de Jaume Collboni de no exigir el cumplimiento de esta obligación urbanística, que permitiría destinar ocho viviendas del inmueble a protección oficial.
Según el sindicato, Vandor ha reformado 15 de los 28 pisos del edificio utilizando procedimientos administrativos previstos para obras menores. Una inspección municipal realizada en febrero de 2026 concluyó que las actuaciones constituían una gran rehabilitación sujeta a la reserva del 30%. Pese a ello, el consistorio no respondió a la solicitud presentada por la entidad el 13 de marzo para exigir el cumplimiento de la normativa.
La reserva del 30%, aprobada en Barcelona en 2018, establece esta obligación para determinadas promociones de obra nueva y grandes rehabilitaciones de edificios de más de 600 metros cuadrados.
Por su parte, Vandor rechaza que las reformas realizadas puedan considerarse obras mayores y sostiene que existe una discrepancia técnica sobre su clasificación urbanística. La empresa asegura haber presentado las correspondientes alegaciones, pendientes de resolución municipal. Mientras tanto, fuentes del Ayuntamiento defienden la continuidad de la reserva del 30%, aunque consideran necesario modificar su aplicación para mejorar los resultados. Según los datos municipales, desde su aprobación la medida ha permitido generar 39 viviendas protegidas de promoción privada, de las cuales 16 proceden de grandes rehabilitaciones y 23 de obra nueva.