Los tribunales han suspendido 129 desahucios en Barcelona durante octubre de 2026, casi la mitad de los 290 lanzamientos previstos en la ciudad, tras la entrada en vigor del nuevo decreto estatal de vivienda. Según los datos publicados por el diario ARA este 8 de noviembre, la mayoría de las suspensiones se han producido por la aplicación de la normativa aprobada por el Gobierno, que permite paralizar temporalmente los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional. La medida ha reducido el porcentaje de expulsiones ejecutadas, aunque durante el mismo periodo 110 familias acabaron perdiendo su vivienda.
El cambio respecto al mes anterior es significativo. En septiembre, antes de la aplicación del nuevo decreto, los tribunales suspendieron 30 desahucios de los 167 previstos, mientras que 95 terminaron con la expulsión de sus residentes, el 57% del total. En octubre, las suspensiones aumentaron hasta 129 y el porcentaje de desalojos ejecutados descendió hasta el 38%. La nueva legislación introduce mecanismos de protección para los hogares vulnerables y condiciona determinados procedimientos judiciales a la existencia de una alternativa habitacional.
La reducción también se observa en los procedimientos impulsados por grandes tenedores de vivienda. Durante septiembre, el 45,7% de estos desahucios terminaron con la expulsión de las familias afectadas, mientras que en octubre el porcentaje cayó hasta el 21%. Según la información publicada, la mayoría de los procedimientos contra residentes en inmuebles pertenecientes a grandes propietarios quedaron suspendidos.
No obstante, las suspensiones judiciales tienen carácter temporal y no suponen necesariamente la cancelación definitiva del procedimiento. La normativa contempla excepciones cuando el propietario también se encuentra en situación de vulnerabilidad y dispone de dos viviendas o menos, además de mecanismos de revisión de las circunstancias de los inquilinos.