Ada Colau ha marcado distancias con el PSOE en materia de vivienda durante una entrevista concedida este miércoles, 28 de octubre, al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER. La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre ha asegurado que su formación tiene propuestas más ambiciosas para afrontar la crisis habitacional. Entre ellas destaca un nuevo impuesto del 10 % sobre el valor de las viviendas acumuladas por empresas y grandes propietarios, presentado este mismo miércoles con el objetivo de desincentivar la especulación inmobiliaria y ampliar la oferta de vivienda asequible.
El nuevo gravamen se aplicaría a las empresas desde su primera vivienda y a los particulares que posean cuatro o más inmuebles, siempre que el valor conjunto de sus propiedades supere los 800.000 euros. La propuesta contempla exenciones para las viviendas destinadas al alquiler asequible y estable. Según Frente Amplio, el impuesto afectaría a los fondos de inversión inmobiliaria especulativos que operan en España y a 737 empresas privadas con 50 o más viviendas alquiladas. Colau ha defendido que el problema no reside únicamente en la falta de construcción, sino también en la concentración de viviendas en pocas manos.
Según las estimaciones de la formación, la medida podría facilitar que 213.840 viviendas actualmente sin alquilar ni utilizadas como residencia habitual salieran al mercado. Además, otras 272.160 viviendas arrendadas tendrían que reducir su precio para acogerse a la exención del nuevo impuesto. El objetivo es incentivar que los propietarios destinen sus inmuebles al alquiler asequible en lugar de mantenerlos fuera del mercado o utilizarlos con fines especulativos. Frente Amplio también plantea excepciones para determinadas herencias, propiedades de bajo valor y circunstancias familiares acreditadas.
La iniciativa se acompañaría de un incremento de la inversión pública en vivienda hasta alcanzar el 1 % del producto interior bruto (PIB), financiado parcialmente con la recaudación del nuevo impuesto. Los fondos se destinarían a construir, adquirir y rehabilitar viviendas públicas asequibles con protección permanente. Las cooperativas de vivienda, las administraciones públicas y las organizaciones sin ánimo de lucro quedarían excluidas del gravamen, junto con determinados supuestos de tenencia temporal justificada por parte de promotoras inmobiliarias.