En 2024, Barcelona registró 307 incumplimientos de las restricciones a grupos turísticos en Ciutat Vella, pero no impuso ninguna multa, según datos municipales.
Pronto hará 5 años desde que la carretera de Sants es peatonal durante los fines de semana y su éxito es abrumador. Crecen las voces que piden su ampliación a más días al año o una pacificación definitiva de la calle.
Sumar y sindicatos de inquilinos impulsan una propuesta legislativa para convertir los contratos de alquiler en indefinidos, con el objetivo de garantizar una mayor estabilidad y evitar la precariedad de los arrendatarios. Esta es una de las principales demandas de la lucha por la vivienda.
La emblemática librería del barrio Gótico lucha por sobrevivir ante una nueva subida del alquiler tras la muerte de su propietario, Josep Morales. Si no hay un cambio de rumbo, el 28 de febrero cerrará sus puertas definitivamente.
Barcelona dará de baja a personas empadronadas en sedes de entidades sociales, complicando el acceso a derechos básicos para colectivos vulnerables.
De 91 km de carriles bici en el primer mandato de Colau a solo 12 km con Collboni. El Ayuntamiento de Barcelona reduce drásticamente la expansión de la red ciclista
Más de 700.000 personas han firmado contra la ley que declara la tauromaquia patrimonio cultural, pidiendo que las comunidades y ayuntamientos puedan decidir sobre la prohibición de estos espectáculos. Activistas entregan las firmas en el Congreso el 17 de febrero.
Los sindicatos de inquilinos convocan una manifestación el 5 de abril en varias ciudades españolas bajo el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda», exigiendo una reducción del 50% en los alquileres y otras medidas para garantizar el derecho a la vivienda.
Estas sanciones se basan en la normativa vigente desde 2018, que obliga a las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a destinar un 30% para viviendas asequibles.
Esta propuesta surge como respuesta a la normativa que obliga al sector privado a destinar el 30% de las nuevas promociones a pisos de protección oficial, una medida aprobada en 2018.
