El desalojo del asentamiento ubicado en la calle A junto al almacén de UPS, en la Zona Franca de Barcelona, ejecutado el pasado 10 de febrero por el Ayuntamiento de Barcelona gobernado por el PSC de Jaume Collboni, ha dejado a más de 200 personas sin alternativa habitacional ni acceso a recursos básicos. Desde entonces, muchas de ellas se han dispersado por distintos solares del polígono industrial y por la montaña de Montjuïc, donde sobreviven en tiendas de campaña, sin acceso a agua potable, servicios de higiene o dispositivos de acogida.
Antes del desalojo, las personas que vivían en el asentamiento utilizaban el Centro de Primera Acogida de la Zona Franca para cubrir necesidades básicas como el aseo o el acceso a servicios mínimos. Tras la intervención municipal, ese soporte desapareció de golpe. La consecuencia ha sido una fragmentación invisible: pequeños núcleos repartidos por el territorio, más difíciles de atender y en condiciones aún más precarias.
En uno de esos solares, ya en el municipio de L’Hospitalet de Llobregat, conviven más de 60 personas. La mayoría son jóvenes que trabajan, pero cuyos ingresos no les permiten acceder a una vivienda. El espacio está ocupado por decenas de tiendas de campaña sin electricidad, sin agua y sin ningún tipo de infraestructura básica. Una realidad que se repite, con matices, en otros puntos del entorno.
Un grupo de representantes de Barcelona en Comú, con las regidoras Carolina Recio y Jess González, además de los consejeros del Distrito de Sants-Montjuïc, Ancor Mesa y Ana Trapero, visitaron este solar durante el mes de marzo acompañados de la entidad “Papers per a Tothom” y la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) y constataron la situación. Según explican, los residentes del solar les trasladaron su angustia por la falta de respuesta institucional y denunciaron la ausencia de atención por parte de los servicios sociales. También reclamaron medidas urgentes como acceso a plazas de acogida o servicios básicos de higiene.
La situación no es nueva. Ya en diciembre, personas residentes en el asentamiento habían hecho llegar un comunicado a las administraciones denunciando condiciones de vida extremas y solicitando intervención urgente. En el documento, alertaban de que dormían “en refugios improvisados” sin protección frente al frío o la lluvia, y que su salud física y emocional se estaba deteriorando gravemente .
En esa misma comunicación, las personas afectadas reclamaban medidas concretas: acceso a un techo digno, espacios de higiene disponibles las 24 horas, ayudas al transporte para poder regularizar su situación y acompañamiento social y jurídico. “No pedimos privilegios, pedimos humanidad”, recogía el texto.
El aumento del sinhogarismo en el distrito de Sants-Montjuïc, donde se ha registrado un crecimiento superior al 130% en los últimos dos años, ha tensionado los recursos existentes. Entidades sociales advierten de que los servicios actuales están desbordados y que la proliferación de asentamientos precarios responde a la falta de alternativas reales de alojamiento y atención social.
Ante esta situación, el Plenario del Distrito aprobó el pasado 24 de marzo una iniciativa de Barcelona en Comú para impulsar un plan de urgencia que refuerce los servicios sociales, habilite recursos de acogida y garantice el acceso a derechos básicos. La propuesta plantea, entre otras medidas, crear espacios de coordinación con entidades sociales, aumentar la atención especializada y desplegar servicios de higiene y acogida inmediata en el territorio. Fue aprobada con los votos favorables de Barcelona en Comú, Junts y ERC y los votos en contra de PSC y VOX.