El Ayuntamiento de Barcelona cederá gratuitamente el Estadi Olímpic Lluís Companys al Papa León XIV para un gran acto previsto el 9 de junio, en el inicio de su visita a la capital catalana. La medida se ha aprobado este miércoles en el consejo de administración de Barcelona Serveis Municipals, la empresa pública que gestiona el recinto, mediante una bonificación del 100% del coste de uso del estadio.
La cesión salió adelante con los votos favorables de PSC, Junts y PP, que sumaron 10 apoyos, y con el rechazo de Comuns y ERC, que reunieron 5 votos en contra. Según el informe municipal citado por elDiario.es, el consistorio defiende la gratuidad por el “máximo interés público y general” de la visita, así como por la previsión de asistencia de “miles de personas” y de autoridades civiles, religiosas e institucionales.
El documento municipal también sostiene que se trata de un acto “excepcional”, “no lucrativo” y con dimensión de “evento de Estado”. Además de ceder el espacio sin coste, el Ayuntamiento asumirá los gastos derivados del evento, como seguridad, mantenimiento y limpieza.
Barcelona en Comú ha rechazado la medida a través de su representante en B:SM, el concejal Guille López, que ha afirmado que su grupo no está en contra de la visita, pero no comparte que el Ayuntamiento deba cubrir económicamente sus gastos. López sostiene que la visita no encaja en los supuestos habituales de cesiones gratuitas, reservados a actos solidarios o actividades con participación municipal, y ha comparado la decisión con otros episodios en los que el gobierno de Jaume Collboni ha cedido espacios de la ciudad a intereses de terceros.
El debate se sitúa en el uso de recursos públicos y en el principio de aconfesionalidad de las instituciones. En una ciudad tensionada por la vivienda, los servicios públicos y el coste de la vida, el Ayuntamiento no debería asumir con dinero municipal los gastos de una visita religiosa organizada por una institución con capacidad económica propia. La acogida institucional puede garantizarse sin convertir el patrimonio público ni los presupuestos municipales en una vía de financiación indirecta de un acto confesional, especialmente cuando muchas entidades sociales, culturales y vecinales sí deben asumir costes para acceder a espacios públicos.