La Guàrdia Urbana de Barcelona ha aprobado la incorporación de pistolas Taser a su equipamiento, autorizando su uso en situaciones de crisis de salud mental como intentos de suicidio o autolesión. Esta decisión ha generado preocupación, ya que contradice las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos que desaconsejan el uso de estas armas en personas vulnerables.
Según el reglamento presentado, las Taser podrán utilizarse también en adolescentes mayores de 14 años y en casos complejos donde se valore su necesidad. Sin embargo, no se establece un límite de disparos por intervención, lo que incrementa el riesgo de abusos. En Cataluña, el único fallecimiento relacionado con estas armas fue el de un hombre con esquizofrenia que recibió seis descargas durante una crisis.
El concejal Marc Serra, de los Comuns, ha criticado esta medida, calificándola de innecesaria y peligrosa. “En lugar de invertir en recursos sociales y apoyo en salud mental, se opta por más represión”, señaló Serra. Desde su perspectiva, esta decisión pone en peligro a los colectivos más vulnerables de la ciudad.
A pesar de que el reglamento incluye medidas como la grabación de las actuaciones y auditorías de los disparos, el debate sobre el uso de las Taser sigue abierto. Mientras Barcelona se prepara para sumarse a otros municipios que ya las emplean, la pregunta persiste: ¿priorizar nuevas armas es compatible con la defensa de los derechos humanos y la protección de las personas más frágiles?