El Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso importante al aprobar una propuesta para exigir al Estado la prohibición de las infiltraciones policiales en movimientos sociales. La medida, impulsada por Barcelona en Comú y respaldada por ERC y Junts, busca poner fin a una práctica que ha generado un profundo malestar entre los colectivos afectados. Sin embargo, el gobierno de Jaume Collboni se ha abstenido, mostrando su falta de compromiso con la defensa de los derechos fundamentales.
Los representantes de BComú, ERC y Junts han denunciado que las infiltraciones policiales han dejado «heridas abiertas» en los movimientos sociales de la ciudad, recordando que estas prácticas atentan contra la libertad de organización y expresión. Por su parte, el PSC ha defendido la necesidad de los trabajos de inteligencia, justificando las infiltraciones en ámbitos como el narcotráfico o el terrorismo, pese a que las denuncias no están relacionadas con estos delitos, sino con la criminalización de la protesta social.
El Partido Popular y Vox han votado en contra de la propuesta, avalando la actuación de las fuerzas de seguridad y minimizando las preocupaciones de los colectivos afectados. Desde el gobierno municipal, el regidor socialista Lluís Rabell ha intentado desmarcarse del debate, alegando que la cuestión «excede las competencias del Ayuntamiento». Sin embargo, la ciudadanía exige una postura clara y firme en defensa de sus derechos.
La abstención del PSC evidencia una vez más su falta de valentía para enfrentarse a las políticas represivas que afectan a los movimientos sociales de Barcelona. La ciudad, con una larga tradición de lucha y organización ciudadana, merece un gobierno que proteja a sus vecinos y vecinas, en lugar de mirar hacia otro lado mientras se vulneran sus derechos.