Barcelona atraviesa una nueva oleada de cierres de comercios históricos después de que varios establecimientos hayan tenido que abandonar sus locales al no poder asumir subidas de alquiler que multiplican los costes de funcionamiento. La situación ha reabierto el debate sobre la regulación de los alquileres comerciales, en un contexto marcado por la ausencia de respuestas efectivas por parte del gobierno municipal.
Entre los casos más recientes destacan una panadería tradicional y una ferretería centenaria del distrito de Gràcia, cuyos responsables han señalado directamente el aumento del alquiler como causa principal del cierre. Estos episodios se suman a una tendencia creciente de desaparición del comercio de proximidad, sustituido progresivamente por locales vacíos o actividades vinculadas al turismo y a grandes cadenas.
En octubre de 2024, la Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento aprobó una iniciativa para instar a la Generalitat y al Estado a avanzar hacia una regulación de los alquileres de locales comerciales. Más de un año después, el ejecutivo de Collboni no ha impulsado ninguna propuesta concreta ni ha trasladado ese mandato político a acciones legislativas o administrativas, manteniendo el asunto en punto muerto.