Barcelona registra cada año la compraventa de unas 200 fincas enteras, según los datos difundidos por la Cadena SER. Se trata de edificios completos que cambian de manos en operaciones que afectan directamente al mercado residencial de la ciudad. Estas adquisiciones se producen en un momento de fuerte tensión en el acceso a la vivienda, con precios elevados y una oferta limitada.
La compra de bloques completos implica, en muchos casos, la subrogación de contratos de alquiler vigentes o la futura reconfiguración de los usos del edificio. Estas operaciones permiten concentrar decenas de viviendas en una sola transacción, algo que multiplica el impacto sobre el mercado respecto a la compraventa de pisos individuales. Según los datos publicados, el volumen de estas adquisiciones se mantiene estable año tras año.
El fenómeno coincide con un contexto en el que el precio medio del alquiler en Barcelona continúa en niveles elevados, especialmente en distritos céntricos y con mayor presión turística. Diversos estudios municipales han señalado que una parte importante de los hogares destina más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, umbral considerado de sobreesfuerzo económico.
Este escenario se consolida mientras el alcalde Jaume Collboni mantiene una respuesta limitada frente a la concentración de vivienda y la escalada de precios. A pesar de la magnitud del fenómeno, el gobierno municipal no ha impulsado nuevas medidas estructurales para frenar la compra masiva de edificios ni para ampliar de forma significativa el parque público, una inacción que deja vía libre a la mercantilización del derecho a la vivienda en una ciudad donde el acceso a un hogar digno es ya uno de los principales problemas sociales.