Pronto hará 5 años desde que la carretera de Sants es peatonal durante los fines de semana y su éxito es abrumador. Crecen las voces que piden su ampliación a más días al año o una pacificación definitiva de la calle.
Sumar y sindicatos de inquilinos impulsan una propuesta legislativa para convertir los contratos de alquiler en indefinidos, con el objetivo de garantizar una mayor estabilidad y evitar la precariedad de los arrendatarios. Esta es una de las principales demandas de la lucha por la vivienda.
Barcelona dará de baja a personas empadronadas en sedes de entidades sociales, complicando el acceso a derechos básicos para colectivos vulnerables.
El Sindicat de Manters Top Manta denuncia que aprender catalán es casi imposible para los inmigrantes: 2,3 millones quieren hacerlo, pero la Generalitat solo ofrece 120.000 plazas. Exigen más cursos, matrícula abierta y horarios accesibles para que el catalán sea una lengua de inclusión.
De 91 km de carriles bici en el primer mandato de Colau a solo 12 km con Collboni. El Ayuntamiento de Barcelona reduce drásticamente la expansión de la red ciclista
El Puerto de Barcelona reconoce que la Copa América de Vela generó pérdidas de 3,5 millones, pese a recibir 54 millones en ayudas públicas. Además, la llegada de turistas cayó durante el evento. Mientras tanto, el Parlament bloquea una auditoría sobre el uso de fondos públicos.
Más de 700.000 personas han firmado contra la ley que declara la tauromaquia patrimonio cultural, pidiendo que las comunidades y ayuntamientos puedan decidir sobre la prohibición de estos espectáculos. Activistas entregan las firmas en el Congreso el 17 de febrero.
Los sindicatos de inquilinos convocan una manifestación el 5 de abril en varias ciudades españolas bajo el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda», exigiendo una reducción del 50% en los alquileres y otras medidas para garantizar el derecho a la vivienda.
Estas sanciones se basan en la normativa vigente desde 2018, que obliga a las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a destinar un 30% para viviendas asequibles.
La lucha por la Casa Orsola ha visibilizado un problema mucho mayor: en el Eixample, al menos 44 edificios han sido adquiridos por fondos de inversión con el objetivo de expulsar a los inquilinos y reconvertir las viviendas en alquileres de lujo o turísticos. Vecinos resisten ante el desalojo.
