El Govern y los Comuns acuerdan duplicar el impuesto de transmisiones patrimoniales a grandes tenedores. El objetivo es desincentivar la especulación y destinar 200M€ anuales a políticas de vivienda. La medida también elimina bonificaciones fiscales para inmobiliarias.
Parte de los ingresos se destinarán a políticas de vivienda y sostenibilidad. La medida busca paliar los efectos negativos del turismo.
Barcelona se prepara para recibir cerca de 30.000 personas en apartamentos turísticos durante el Mobile World Congress (MWC). Los movimientos sociales critican la presencia de empresas de Israel que contribuyen a la ocupación de Palestina.
El PSOE vota contra la nacionalidad saharaui y se abstiene en la regularización de migrantes, dejando sin apoyo medidas de justicia histórica y derechos humanos. Mientras sus socios defienden avances en el Congreso, el Gobierno sigue sin romper con Marruecos ni garantizar derechos básicos.
Sumar y sindicatos de inquilinos impulsan una propuesta legislativa para convertir los contratos de alquiler en indefinidos, con el objetivo de garantizar una mayor estabilidad y evitar la precariedad de los arrendatarios. Esta es una de las principales demandas de la lucha por la vivienda.
El Sindicat de Manters Top Manta denuncia que aprender catalán es casi imposible para los inmigrantes: 2,3 millones quieren hacerlo, pero la Generalitat solo ofrece 120.000 plazas. Exigen más cursos, matrícula abierta y horarios accesibles para que el catalán sea una lengua de inclusión.
Más de 700.000 personas han firmado contra la ley que declara la tauromaquia patrimonio cultural, pidiendo que las comunidades y ayuntamientos puedan decidir sobre la prohibición de estos espectáculos. Activistas entregan las firmas en el Congreso el 17 de febrero.
Los sindicatos de inquilinos convocan una manifestación el 5 de abril en varias ciudades españolas bajo el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda», exigiendo una reducción del 50% en los alquileres y otras medidas para garantizar el derecho a la vivienda.
Estas sanciones se basan en la normativa vigente desde 2018, que obliga a las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a destinar un 30% para viviendas asequibles.
Esta propuesta surge como respuesta a la normativa que obliga al sector privado a destinar el 30% de las nuevas promociones a pisos de protección oficial, una medida aprobada en 2018.
